Compromiso con Aragón denuncia clientelismo político en el decreto de ayudas de DPZ y exige su anulación

Esta formación política ha presentado un recurso de reposición contra dicho decreto por entender que vulnera principios legales como el de igualdad y no establece criterios objetivos de reparto del dinero.
descargaCompromiso con Aragón exige la anulación del decreto del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en el que se establece la convocatoria de ayudas complementarias para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el 2014, por entender que se vulneran diversos principios legales, como el de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima. Esta formación política advierte que los criterios establecidos en el citado decreto son arbitrarios y discrecionales, y pueden fomentar la compra inducida de voluntades políticas, lo que sería otra forma de corrupción, ya que beneficia a unos municipios respecto a otros, discriminando políticamente a ayuntamientos e incurriendo en desviación de poder. Compromiso con Aragón asegura que esta es una práctica que hay que erradicar.
En un recurso de reposición presentado el pasado 31 de octubre en la Institución provincial, Compromiso con Aragón recuerda que el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicó el 1 de octubre de 2014 las bases de la convocatoria aprobadas en el decreto número 3560 del Gabinete de la Presidencia de la Institución provincial, de fecha 29 de septiembre de 2014. A juicio de Compromiso con Aragón, dicho decreto provoca graves perjuicios a los municipios de la provincia, puesto que el reparto de las ayudas económicas, mediante concurrencia competitiva, no atiende a las necesidades de los territorios como tampoco establece unos criterios objetivos de valoración de propuestas, lo que choca frontalmente con nuestro ordenamiento jurídico. El reparto y distribución de estas subvenciones debería atender a las concretas necesidades de los municipios, debiendo conceder éstas según un baremo o listado de criterios determinados de forma objetiva para la valoración de las propuestas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981 corrobora la razón de existir de los Planes Provinciales de Obras y Servicios como instrumentos que contribuyen, mediante la realización de las infraestructuras que contemplan, a la prestación de servicios que contribuyen a que ese “tratamiento común a los administrados” sea una realidad, en la medida de los recursos y competencias provinciales, a través de “prestaciones mínimas” a toda la población. Sin embargo, este “tratamiento común o unitario”, lejos de respetarse, se ha visto vapuleado, suponiendo una clara discriminación por razones políticas en la concesión de estas ayudas, vulnerando con ello el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española.
El escrito presentado por Compromiso con Aragón advierte que el decreto debería establecer las reglas o criterios de reparto en la convocatoria y otorgar las puntuaciones oportunas y resolver conforme a las mismas. La discrecionalidad de la Administración terminaría el día en que aprobase esos criterios, a partir de ahí, debería comenzar una actuación reglada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que en el decreto se observa una posible conducta arbitraria, al no concretarse criterios de otorgamiento regulados, por lo que se hace difícil poder imaginar qué puntuación va a obtener cada municipio para sus proyectos.
Resulta más que evidente que la Diputación Provincial de Zaragoza ha adoptado una decisión arbitraria que persigue beneficiar a unos municipios respecto a otros, incurriendo en desviación de poder, circunstancia considerada por la Ley como motivo de nulidad de los actos administrativos y definida como “El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

Enlaces a la prensa:

- Heraldo

- Aragón TV Noticias

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