Una reforma a medias

Ángel Feliciano Herrero

Ángel Feliciano Herrero

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el gobierno se antoja como una reforma “a medias” que deberá venir acompañada de una serie de medidas legislativas que la corrijan.

Es un golpe a la autonomía municipal a favor de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales a las que fortalece. Se ha perdido una oportunidad única para una futura eliminación de las diputaciones, que hoy por hoy no son más que un ente en el que colocar a miembros cercanos a los partidos políticos. Al menos, se debería haber eliminado o reducido a la mínima expresión su carácter político para llegar a ser una administración dedicada en exclusiva a la prestación de servicios supramunicipales y los de aquellos municipios que, por su tamaño, no pueden gestionar de forma eficiente.

Desde Compromiso con Aragón creemos que es una reforma a medias porque tiene pendiente de definir la financiación de las administraciones públicas y no regula los regímenes especiales de algunas comunidades que, como Aragón, tienen una administración supramunicipal más, que son las comarcas.

Otra de las medidas que habría que haber abarcado en esta reforma es la limitación a las retribuciones al personal con dedicación exclusiva, que se perciben por asistencias a determinados actos, como a los consejos de administración de las empresas públicas. En nuestra opinión, ninguna persona con dedicación exclusiva debería además cobrar sobresueldos o dietas por acudir a estas actividades, cuando ya va implícito en el cargo público el tener que asistir a dichos actos.

Mención aparte nos merece el personal eventual. Hay una limitación por ley de su cantidad pero no de su salario. En este país, de los 8116 municipios 4659 tienen contratado servicio de asesoramiento externo con la principal empresa privada de este sector (no entramos a valorar los datos del resto de empresas de este sector de tamaño inferior). La reducción de asesores es más un acto de cara a la galería que una rebaja real de costes. En el ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, se va a seguir permitiendo la existencia de la actual corte de personal eventual concebida para la “recolocación” de personas cercanas a los partidos políticos. Si las diputaciones son órganos de asesoramientos y los ayuntamientos tienen sus servicios de asesoramiento formado por funcionarios, no entendemos por qué puede existir la figura del asesor. Lo eficiente es contratar de forma esporádica a personal independiente mediante concurso público cuando exista una necesidad extraordinaria que cubrir. Para el resto ya tenemos los propios órganos de asesoramiento de las instituciones.

En esta reforma se elimina la dedicación exclusiva de una gran cantidad de cargos políticos. Esto es una revisión de la intención inicial de rebajar el número de representantes que proponía este gobierno. Al menos no se ha perdido representación política en los municipios, pero no es más que una cortina de humo puesto que el propio gobierno, al no permitirles dedicación exclusiva, da a entender que para él no son necesarios.

La ley propone una serie de “buenas intenciones” que tendremos que ver cómo se articulan, puesto que está pendiente la financiación de las administraciones. La aclaración de competencias sí es favorable, dado que evitará duplicidades. Además la posibilidad de delegar competencias a los municipios sobre determinadas actividades con su correspondiente asignación presupuestaria, sería la solución para las llamadas “competencias impropias” que lastran la economía de muchos municipios de Aragón. Ahora bien, habrá que ver cómo se regulan esos acuerdos, y si la financiación que se va a dar al municipio para desarrollar esa actividad es la suficiente para el servicio.

¿Qué pasará con los servicios prestados por municipios que están desarrollando competencias que corresponden a otra administración, que han hecho una inversión para la prestación de ese servicio, y que no llegan a un acuerdo para la cesión de la competencia para su gestión con la administración correspondiente por falta de presupuesto? ¿Tendrá que pagar el ayuntamiento “lo que falte”?, ¿tendrá que pasar la competencia a la administración correspondiente por ley?, ¿será indemnizado el ayuntamiento por la inversión realizada? Estas preguntas no se resuelven de forma clara, y nos tememos que serán el verdadero problema de la aplicación de la reforma.

Dentro de las competencias que se desarrollan por los ayuntamientos hay una serie de actividades que no son obligación de ninguna administración, como por ejemplo la de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Ahora mismo en Zaragoza existen instituciones propiedad del ayuntamiento de Zaragoza, de DGA y concertadas que conviven en la ciudad ¿Habrá que entender que estas serán todas asumidas por DGA a pesar de que este tipo de educación no es obligatoria y, por lo tanto, no es competencia propia de ninguna institución? Si queremos ayudar a la conciliación de la vida personal y laboral este tramo de edad deberá entrar dentro de la competencia de educación que corresponde a DGA y por tanto ver incrementada la partida que recibe del estado dentro de sus presupuestos. En este mismo sentido nos tenemos que posicionar con los centros de inserción socio laboral que posee la ciudad de Zaragoza.

También propone esta ley la eliminación de empresas públicas deficitarias ¿Servirá de algo? Reduciremos en principio los costes no asociados directamente a la prestación de servicio (altos cargos, personal de gestión, etc.) pero esto no resuelve quién seguirá prestando el servicio. El déficit de estas empresas pasará ahora directamente a ser imputado a las administraciones. El ejemplo más claro es Zaragoza Cultural. ¿Qué hacemos, cerrar el auditorio? No queda del todo claro…

En definitiva, esta es una reforma a medias, hecha de cara a la galería que culpa de la crisis al pequeño municipio cercano a los ciudadanos y beneficia a instituciones que solo sirven para colocar a personas próximas a los partidos. Seguimos sin abordar de forma tajante el problema de la administración, que no es otro que su mala financiación y su elevada carga política que hace primar intereses de los partidos sobre intereses de ciudadanos.

Ángel Feliciano Herrero
Presidente Local de Compromiso con Aragón en Zaragoza

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